septiembre 30, 2014
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Sarayaku se alista para recibir disculpas ‘históricas

Como un día histórico para los pueblos y nacionalidades indígenas de Latinoamérica es calificado por la comunidad de Sarayaku la ceremonia que mañana se cumplirá en ese territorio donde el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas por permitir en la década de los 90 operaciones petroleras en esa zona.
Así, el Estado dará cumplimiento a la sentencia que el 27 de junio de 2012 dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y que debía cumplirse en el plazo de un año.
Para pedir disculpas públicas está previsto que asistan la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga; el de Recursos Naturales No Renovables, Pedro Merizalde; la de Ambiente, Lorena Tapia; un delegado del Ministerio de Defensa; y el procurador del Estado, Diego García.
El proceso se inició el 19 de diciembre de 2003, cuando la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku, el Centro de Derechos Económicos y Sociales y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentaron la demanda.
Félix Santi, presidente del Pueblo Sarayaku, manifestó que el acto será una referencia importante para el movimiento indígena, ya que responde a una lucha histórica por el respeto de los derechos de los pueblos y nacionalidades a su territorio, su cultura y sus tradiciones.
Santi expresó que la actividad petrolera en su comunidad, sin que se respete la consulta previa, significó un grave perjuicio económico para sus habitantes, ya que tuvieron que dejar sus actividades cotidianas para dedicarse a impulsar el proceso legal. “Todas las actividades productivas que estaban desarrollando las familias se pararon por defender su territorio. Vino la escasez en las chacras”, dijo Santi.

El aspecto jurídico

Mario Melo, abogado del pueblo Sarayaku, manifestó que durante el proceso se demostró la existencia de la violación de los Derechos Humanos de ese pueblo, al tratar de convertirlo en un campo petrolero sin antes informar, consultar y obtener el consentimiento de los afectados.
Melo refiere a que durante la actividad de la empresa CGC se violaron: la consulta previa, el derecho a la propiedad comunal, fueron agredidos lugares sagrados… “Hubo una amenaza grave a la vida y a la integridad del pueblo Sarayaku, al haberse permitido que la empresa petrolera coloque descargas explosivas en una extensión de 20 kilómetros cuadrados en ese territorio”, añadió Melo.

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