La SIP ‘exige’ al Gobierno respeto a la libre expresión

“Exigir” al Gobierno y a la Asamblea que garanticen el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información y que respete la libertad de expresión fueron las dos principales resoluciones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), presentadas ayer.
Además, piden que se derogue la Ley de Comunicación, para que “de ese modo el país se encuadre en los tratados internacionales en esta materia”. Esto, durante la asamblea general 70 del organismo, que se realiza estos días en Santiago de Chile.
La SIP hace cinco planteamientos puntuales. Exige también al Gobierno “que se inhiba de utilizar su poder para manipular las decisiones de otros poderes del Estado”.
Advierte al Parlamento Andino sobre “los riegos” de declarar la información como un servicio público. Esto, porque existe en el organismo una propuesta para hacer esa declaratoria, emulando la Ley de Comunicación de Ecuador.
“Insistir y exhortar al Presidente de la República de Ecuador a que responda positivamente a la petición hecha por la Red IFEX para que pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la Ley de Comunicación”, es la decisión penúltima.
Finalmente, exhortan al Parlamento Europeo que exija al Gobierno que se ajuste a los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

Las razones

Entre los considerandos, la SIP asegura que: “luego del primer año de vigencia de la Ley de Comunicación se observa que esta restringe la libertad de expresión mediante el control de contenidos en los medios independientes y la imposición de sanciones y multas por los nuevos ‘delitos’ de expresión”. Concluye también que dicha ley ha instaurado la autocensura en los medios del país.
Opina luego que el Estado ecuatoriano no ha observado las recomendaciones formuladas por los relatores para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas.
En el informe, la SIP habla sobre varios casos que, según su análisis, sustentan estas aseveraciones. Se refiere, por ejemplo, al cierre del diario Hoy y las regionales de Manabí y El Oro del diario La Hora. También se refiere a las veces en las que los organismos de control de la información se han pronunciado contrarios al tratamiento que los medios le han dado a debates de leyes en la Asamblea o incluso a temas judiciales.
“El 26 de junio el bloque oficialista de la Asamblea entregó a la Corte Constitucional un paquete de 17 enmiendas constitucionales que, entre otros aspectos, plantea que la comunicación sea considerada como un servicio público (hasta ahora solo contemplado en la ley) y la opción de la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular. La corte debe decidir si la Asamblea Nacional trata las reformas o si se convoca a los ciudadanos a una consulta popular”, agrega el organismo.

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