Ávila: ‘Los jueces no estuvieron a la altura de la Constitución’

Ramiro Ávila es catedrático investigador de la Universidad Andina y fue uno de los impulsores del garantismo de la actual Constitución. Dice que los jueces no asumieron el rol político y jurídico para aplicar las garantías que esta ofrece.

La relación de presos se ha triplicado, de 7.859 en 2001 a 23.070 en 2013. ¿A qué se debe esto?
Creo que hay un cambio de política criminal en el Gobierno. Hay dos momentos claros, el uno empieza en el 2008 y termina en el 2011 que tiene una lógica de excarcelar, el otro es la reforma de 2009 para crear medidas alternativas a la privación de libertad junto con los indultos. Llegamos a tener un récord de 8 mil presos…

Eso fue en el año 2009…
Sí, y el Presidente dijo que el 2010 sería el año de Ecuador sin presos sin sentencia. En 2011 hay una ruptura que se refleja jurídicamente con una reforma a la constitución cuando se elimina las alternativas a al prisión y la prisión preventiva como excepcional y de ahí en adelante hay toda una política represiva, encabezada por el Ministro del Interior, y ahí las políticas del más buscado, políticas súper severas…

Que recuerdan a las políticas de 1986 o 1988…
Pero además, la política se refleja en el Código Penal Integral, que si bien elimina delitos y actualiza otros, pero también aumenta las penas considerablemente. Ecuador ha tenido durante casi toda su historia un máximo de 16 años de penas, aumenta con una influencia internacional que tiene que ver con la política de drogas, y nos viene una imposición de que no tiene que haber apelación y nos largamos hasta los 25 años.

Y después esa excepcionalidad del derecho penal, cuando creas una excepción se convierte en una regla. Ahora tenemos penas de 29 años con acumulación a 40 años. La otra cosa es que se eliminan las alternativas a la prisión preventiva, la cárcel es la única solución.
Pero hay un institución que me preocupa un montón, el gran problema del Ecuador y de Latinoamérica han sido los presos sin sentencia, pero ahora se crea en el Código Penal Integral un juicio abreviado, el juicio rápido y el expedito. Me preocupa el abreviado, que es el de negociar la pena, como los gringos, que si me detienen en delito fragante, y el fiscal me dice tu delito tiene una pena de cinco años, te sugiero que digas que eres culpable y te damos un año. Lo que va a pasar es que no vamos a tener presos sin sentencia, sino que vamos a tener presos con sentencia en juicios sumarios, lo cual es arbitrario.
La política del Gobierno se refleja no sólo en Código Penal Integral, sino en la presión a los jueces para que no dicten medidas alternativas. Acá ha habido jueces que han dictado medidas alternativas y que han sido sancionados por el Consejo de a Judicatura. Hay un mandato clarísimo, llega un preso a la cárcel y hay que condenarle a cómo dé lugar. Eso explica que desde 2011 la población carcelaria haya aumentando a 24 mil.
¿Por qué cambia esto?
Porque desde el 2011 cambia la conformación política de Alianza PAIS. Desde el paso atrás de Alberto Acosta se va desmembrando la gente de izquierda más auténtica, y la izquierda que se queda se hace al poder y deja de ser crítica. Creo que la derecha del Gobierno, que siempre estuvo, ahora es hegemónica. En el sistema carcelario es igual. Las posiciones gubernamentales políticas son iguales a las de los social cristianos: no libertad durante el proceso, aumento de penas, mano dura a la delincuencia. Es un discurso de derecha, sin duda.

Fuente: La Hora

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