QUITO.- Desde el pasado 4 de junio el Gobierno puso en marcha el reglamento que “regula” y “controla” la conformación y actividad de las organizaciones y asociaciones civiles del país.
La medida, que fue expedida a través del Decreto Ejecutivo número 16, generó preocupación y críticas.
Según la normativa se crea el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS) y el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) que será el encargado de emitir la certificación de existencia.
La rectoría de ambos entes la tendrá la Secretaría Nacional de Gestión Política, dirigida por Betty Tola.
El SUIOS, según el reglamento, será responsable de regular y controlar el cumplimiento de los objetivos y actividades del sistema. Las organizaciones están obligadas en registrarse y acreditarse ante el SUIOS.
El artículo 2 del denominado “Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas”, dispone que la normativa regirá para las organizaciones sociales y demás ciudadanos y ciudadanas, que en un uso de su derecho de libertad de reunión y asociación, participan voluntariamente en manifestaciones de organización lícita en la sociedad.
También deberán someterse al reglamento las organizaciones no gubernamentales.
Mientras, el artículo 26 dispone que el SUIOS dará por terminada a una organización social por no alinearse a los objetivos por los cuales fue constituida, contravenir las disposiciones de las autoridades y entes de control de regulación, y dedicarse a actividades de política partidista.
De ocurrir esto último, los bienes muebles e inmuebles adquiridos por la asociación deberán donarse a otra organización sin fines de lucro.
El reglamento regula que las corporaciones tengan que demostrar un patrimonio mínimo de 400 dólares para las organizaciones que agrupen a personas naturales; y de 4.000 dólares para las organizaciones que abarquen a otras asociaciones, como federaciones y confederaciones.
También las organizaciones sociales deberán entregar a la entidad competente del Estado la documentación e información establecida en el reglamento de forma completa y clara.
De acuerdo con la disposición transitoria segunda, en el plazo de 365 días a partir de la publicación del reglamento las organizaciones sociales actualizarán la información a través de la web de SUIOS y la presentarán al organismo del Estado que otorgó la personalidad jurídica.
La no actualización de la información será considerada inactividad de la organización.
Alertan de posibles consecuencias
Para el académico Napoleón Saltos con el reglamento se está legitimando una vigilancia en donde las organizaciones sociales estarán obligadas a responder a una lógica disciplinaria y de control que llevará a un hostigamiento de la sociedad.
Ello porque, desde su visión, la característica central de un movimiento social es la desobediencia civil. “Un movimiento social tiene que ser sin permiso ni registro, si no, se convierte en un apéndice del Estado”, remarcó.
El riesgo mayor que observa Saltos es que con el reglamento se termine registrando aquellas organizaciones que están en la línea del Gobierno y disolver las que están en la oposición.
Tutela
Para el activista Juan Cuvi, el Régimen está limitando incluso la lucha contra la corrupción como ocurrió en el pasado cuando los barrios, los clubes deportivos, las ONG y otros sectores que salieron a protestar contra el gobierno de Abdalá Bucaram.
“Ahora con el articulo 26 salir a las calles implicaría un atentado contra el Estado y eso es gravísimo”, dijo.
En definitiva, agregó, se pretende someter a las organizaciones a la tutela del Estado para que los gobiernos decidan la perspectiva de la sociedad.
Fuente : Diario el Mercurio
Fecha : 12 de Julio de 2013
http://www.elmercurio.com.ec/388532-regularan-y-controlaran-a-las-organizaciones-y-asociaciones.html