Se pide receptar el testimonio de un dirigente haorani y otroas diligencias que lleven a determinar la existencia de supuesto delito.
QUITO.- El conflicto haorani-taromenanes (éste último pueblo en aislamiento) generado por la presunta matanza del pasado 29 de marzo en la provincia de Orellana, se judicializó ayer con la entrega de una denuncia ante la fiscalía general por parte del Ministerio de Justicia.
Solicita como una de las primeras diligencias se recepte el testimonio de Cawetipe Yeti, presidente de la nacionalidad haorani, por declaraciones realizadas en medios de comunicación en las que afirmó que luego del asesinato de indígenas haorani se organizó una excursión a la selva para realizar una venganza, producto de la cual habrían sido asesinados varios indígenas taromenanes.
Según el procedimiento, con la denuncia, que está suscrita por el subsecretario de Justicia, Diego Guarderas, inicia la indagación previa para determinar responsabilidades de la presunta matanza a miembros del pueblo taromenane por parte de indígenas del pueblo haorani.
La denuncia se produce pese a que funcionarios del Gobierno, que incluye a la viceministra de Justicia, Carmen Simone, no han admitido la matanza como un hecho concreto.
Según Diego Guarderas, el documento presentado no se trata de una denuncia en contra de nadie en específico, sino que se pide las investigaciones correspondientes. “Como Ministerio nos corresponde dar seguimiento a las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, subrayó.
Según un comunicado de esta Secretaría de Estado, al momento no se confirma si este ajuste de cuentas derivó en una matanza de Taromenanes.
Sin embargo, se señaló que dos menores de edad de esta comunidad fueron llevadas, tras el ataque, a la comunidad haorani, donde recibieron atención médica por parte de una brigada del Ministerio de Salud Pública.
La brigada ha ingresado por dos ocasiones a la Comunidad de Yarentaro para inmunizar y realizar chequeos de rutina a las dos niñas que tendrían entre 6 y 3 años aproximadamente.
Además, se han realizado tres sobrevuelos entre el 2 y 4 de abril, en los que participaron Fiscales de Orellana, personal del Ministerio del Interior; Ministerio de Justicia; Criminalística; Policía Judicial y dirigentes de la nacionalidad haorani.
Junto a la denuncia se pide también todas las diligencias que sean necesarias para determinar la existencia del presunto delito y sus responsables. (ANL).
Piden la intervención de la CIDH
QUITO.- Los asambleístas César Montúfar y Cléver Jiménez solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realice una verificación sobre cumplimiento, por parte del Estado ecuatoriano, de las medidas cautelares solicitadas en el 2006 a favor de los pueblos no contactados Tagaeri-Taromenane.
Mediante carta dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, Elilio Icaza Alvarez, los legisladores le informan sobre la matanza de indígenas no contactados Tagaeri-Taromenane, que habría ocurrido hace pocos días en la provincia de Orellana y que constituiría una retaliación al asesinato de una pareja de haorani.
Al margen de que se verifique o no el hecho de sangre dado a conocer hace pocos días, los legisladores expresan que las actividades petroleras que lleva adelante el Gobierno en áreas del territorio ancestral indígena, están socavando las bases materiales para la supervivencia de los grupos no contactados.
Por otro lado, el hecho que los ataques continúen es una muestra de que el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH al gobierno ecuatoriano en el 2006 no es el adecuado.
La CIDH solicitó medidas para proteger la vida e integridad personal de los Tagaeri y Taromenani, y el Defensor del Pueblo, en el 2011, pidió que se prohíban las actividades petroleras, mineras y madereras en el territorio indígena.
No habiéndose cumplido estos pedidos o siéndolo de manera insuficiente, el gobierno estaría creando las condiciones para la extinción física y cultural de los indígenas no-contactados.
Recordaron los legisladores que el artículo 57 de la Constitución señala que cualquier actividad extractiva en territorios de los pueblos en aislamiento voluntario constituirá un delito de etnocidio.
Dado que sí se realizan esas actividades prohibidas, los legisladores piden a la CIDH que advierta al Gobierno del Ecuador y a la comunidad internacional, que existe un proceso genocida en contra de dichos pueblos.
Igualmente piden que este organismo verifique el cumplimiento de las medidas cautelares en favor de estos pueblos, y compruebe que el gobierno, contrariamente a su deber, ha creado condiciones graves de vulnerabilidad en contra de esos pueblos ancestrales.
Fuente : Diario el Mercurio