Políticos y activistas temen repercusiones por informe de 30-S

La comisión, que estuvo integrada por Carlos Baca, Diego Guzmán y Óscar Bonilla, aseguró que se identificaron varios actores políticos, económicos e institucionales y que, en algunos casos, tuvieron un “discrecional” procesamiento en el ámbito judicial.
Luis Villacís, dirigente del Movimiento Popular Democrático, manifestó que ese informe no tiene sustento jurídico, ya que proviene de una Comisión que no tiene fundamento constitucional. Añadió que la Fiscalía no puede iniciar acciones jurídicas basadas en ese informe, ya que estaría en contra a la normativa vigente.
También aseguró que los resultados de ese informe no corresponden a la realidad de lo que sucedió ese día y que los integrantes de dicha Comisión no actuaron de manera independiente en el proceso investigativo que les llevó a establecer esas conclusiones.
Miedos
En cambio, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, expresó su preocupación de que este informe vaya a servir como instrumento de persecución contra los opositores al Gobiernoy en contra de las organizaciones sociales.
Erazo también resta validez jurídica al informe, ya que dice que la Comisión fue nombrada por el presidente, Rafael Correa, y que la integraron funcionarios de su Gobierno. Añadió que lo que se pretende es buscar un pretexto para eliminar a las organizaciones sociales que han sido críticas con las políticas del Ejecutivo y que se han opuesto a leyes como la de Aguas, el Código Laboral, entre otras normativas.
El dirigente aseguró que harán uso de su derecho a la resistencia en caso de que se quiera eliminar a las organizaciones a partir de ese informe.
Las dos visiones

En varios sectores hay preocupación por las posibles repercusiones que el informe pueda tener en el caso de Mery Zamora, expresidenta de la UNE, quien ya fue investigada por los hechos del 30 de septiembre y que aunque en primera y segunda instancia fue declarada culpable, el tribunal de casación ratificó su inocencia.
Para Ramiro Aguilar, asambleísta independiente, el tema Zamora es un tema cerrado porque nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.
Sin embargo, desde el oficialismo no se descarta un nuevo proceso en contra de la dirigente del magisterio si hay otros elementos que no hubiesen sido tomados en cuenta en el anterior juicio que se le siguió. “Si hubiera un nuevo hecho no investigado y, por tanto, no sentenciado pudiera ser susceptible una nueva indagación fiscal”, manifestó la legisladora oficialista Gina Godoy. (HCR)

4
años del 30-S se cumplirán este septiembre.

3
personas integraron la comisión oficialista. 

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