Policías despedidos creen que no les dieron derecho a defensa

Vía jurídica buscarán que se revea la resolución ministerial. Incluso acudirá a las cortes internacionales.

 

QUITO.- Los 208 policías separados de la institución por diferentes delitos, armaron un frente común en un intento por revertir la resolución del Consejo de Generales, adoptada la semana pasada y que les dejó fuera de la institución.

Aunque ayer prefirieron concentrarse en diferentes lugares, el objetivo es que la cúpula policial y el Ministerio del Interior revea la decisión, de lo contrario amenazaron con acudir a las cortes internacionales.

Los abogados de los expolicías, Patricio Armijos y Darwin Saraquive, en rueda de prensa, coincidieron en calificar a la medida como “ilegal” e injusta”.

Saraquive aseguró que si bien algunos de sus defendidos enfrentaron acciones legales, la Policía no les puede negar el derecho al debido proceso y sobre todo a la defensa.

Según este abogado los recursos de protección han sido planteados porque se han violado los derechos fundamentales de los uniformados.

A su parecer, las autoridades de la Policía y del Ministerio del Interior son las llamadas a garantizar que se cumpla con la ley y la Constitución en cuanto al derecho al debido proceso y al derecho a la defensa.

Mientras, otro grupo de policías expulsados, cuya defensa está a cargo de Patricio Armijos, calificó la baja como un “atropello”, por lo que denunciarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), previo a agotar las instancias internas.

Para Armijos, se trata de una “barbaridad jurídica” la salida de los uniformados porque en el Acuerdo Ministerial no se expone ninguna motivación, ni se detalla ningún argumento válido enmarcado en el debido proceso y la seguridad jurídica.

La acusación de que los policías estaban involucrados en narcotráfico, violación, extorsión, entre otros delitos, es absolutamente falso, ya que antes de la expulsión algunos elementos policiales ya enfrentaron acciones, pero por contravenciones de tránsito.

“Estamos conmovidos porque en el país ya no se respeta la seguridad jurídica de nadie y no se respeta la sentencia de jueces”, añadió.
Se quejó de que las notificaciones llegaron en forma verbal y no escrita como manda la Constitución.

Ministerio detalla algunos casos

A través de un comunicado, el Ministerio del Interior, detalló algunos casos de policías implicados en delitos graves en cuanto a su conducta y ética  profesional.

El documento cita el caso del policía Óscar Washington Jaramillo Jumbo, quien forma parte del grupo de los 208 policías expulsados.

Durante su carrera policial, dice, evidenció una serie de incumplimientos, así como acusaciones graves conocidas en instancias judiciales, por delitos como estupro, deuda económica, insolvencia, entre otros.

Jaramillo, según aquel comunicado, mantuvo también un récord indeseable en la hoja de vida de un policía, como lo evidencian sus 624 horas de arresto con las que fuera sancionado, siguiendo el estricto proceso policial de sanciones.

De acuerdo con los archivos de la Policía, Jaramillo, mediante resolución No. 2002-445-CG-B, publicada en Orden General 180 del 2002, fue dado de baja el 17 de septiembre del 2002 por abandono de servicio. El 29 de junio del 2002 dejó sin custodia el Banco de Fomento, sucursal Cuenca, desde las 15:00 hasta las 10:00 del 30 de junio.

Luego de 10 años fuera de la Policía fue reincorporado el 28 de agosto de 2012 mediante resolución No. 2012-031-CG-IB-ASL, publicada en Orden General 168 del 2012 con Acción de Protección 0441-2011 dictada por la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia del Pichincha.

Fuente : Diario el Mercurio

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