Ministra rechaza que se diga que el Estado no haya hecho nada
QUITO.- “Rechazo categóricamente que el Estado ecuatoriano no ha hecho nada”, declaró ayer la ministra de Justicia, Johanna Pesántez, al responder a las críticas formuladas en contra del Gobierno sobre la inaplicación de las medidas cautelares expedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2006 a favor de los pueblos en asilamiento voluntario.
Se refiere a las declaraciones de la asambleísta Diana Atamaint (PK), para quien la última matanza ocurrida el 29 de marzo pasado en una comunidad taromenani por parte de un grupo de indígenas haoranis, es responsabilidad del Estado por el incumplimiento de esas medidas dictadas por la CIDH.
Esas afirmaciones, a su juicio, no tienen fundamento ni motivación alguna porque no conocen la información.
Por ejemplo, describió un plan de acción con varios ejes que se ejecuta en la Amazonía y que implica el respeto a la zona intangible donde no se permite la extracción petrolera. A más de eso, existe un equipo territorial con acciones interinstitucionales y una estación de monitoreo en las comunidades contactadas y en aislamiento, apuntó.
Estas y otras acciones, dijo, se ejecutan no solo por el fallo de la CIDH sino porque es una obligación prevista en la Constitución, “por lo que quiero dejar claro que la atención a esos pueblos está dentro de la política pública del país, y eso es importante”, subrayó.
Según Pesántez, las medidas cautelares no solo implica la justicia, sino tareas del Ministerio de Ambiente; de ahí que es importante recordar que en un Estado de derechos se genera también obligaciones.
En este marco, reprochó que solo se vean las obligaciones que tiene el Estado con esos pueblos y no el acatar la ley. “Eso no lo voy a permitir porque este es un Estado donde todos los ciudadanos somos responsables de nuestras acciones”, puntualizó, refiriéndose al último acontecimiento registrado entre waoranis y taromenanis. “Eso es un asesinato”, dijo al justificar la denuncia presentada ante la fiscalía el 11 de abril.
Fuente : Diario el Mercurio
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