El Ministerio de Justicia a través de Twitter informa este viernes que el Estado monitorea 2,5 millones de hectáreas en territorio ancestral en beneficio de pueblos aislados desde el 2006.
También publica que el Estado a través de sus distintas instituciones mantiene el canal abierto al diálogo con la nacionalidad waorani. En tanto, un principal dirigente waorani dijo la mañana de hoy en Ecuadoradio, que hay más de 30 muertos en el ataque.
El Ministerio de Justicia señala que desde el 5 de marzo (fecha del conflicto entre los pueblos waorani y taromenane) los ministerios: del Interior, Justicia, Defensa y Salud se reúnen con dirigentes de comunidades para brindar acompañamiento.
Además, el Ministerio de Justicia añade que las dos niñas de aproximadamente 3 y 6 años de edad fueron atendidas por el Ministerio de Salud y sometidas a tratamiento inmunológico para evitar contagio de enfermedades.
También en otro tuit indica que “para proteger pueblos aislados se hará: i) monitoreo de zona por el Ministerio de Justicia, ii) restricción de venta de bebidas alcohólicas dentro del área. iii) control de armas y municiones, entre otras acciones enmarcadas en la normativa nacional e internacional, protección a pueblos aislados”.
Waoranis piden que el Estado se retire de su territorio
Los líderes waoranis piden que los responsables del plan de medidas cautelares, emprendido por el Estado, se retiren de su territorio, para que ellos asuman el control, tras el conflicto generado por las recientes muertes. Mientras, el dirigente nativo Gilberto Nenquimo, habría señalado que hay al menos 18 muertos.
El presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), Cawetipe Yeti, informó que la presencia de miembros del Ministerio de Justicia, quienes están realizando sobrevuelos en la zona intangible tagaeri-taromenane, está incrementado las tensiones y dificultando las conversaciones con la comunidad de Yarentaro.
“Esperamos que el Estado venga a coordinar con el pueblo waorani y que no venga a su gusto, con la justicia, haciendo sobrevuelos en territorio taromenane”, expresó Yeti.
Ayer estaba previsto que los dirigentes ‘waos’ ingresaran a la comunidad, donde están cautivas dos niñas taromenane, quienes sobrevivieron al ataque el pasado viernes. Sin embargo, no se les permitió el paso, al igual que a las autoridades de la Gobernación y ministerios. “Los helicópteros no pueden ingresar y podría existir un ataque si intentan entrar”, señaló el dirigente.
Situación
Yeti asegura que los líderes están preocupados por lo que está ocurriendo en Orellana, tras el ataque ‘wao’ a una familia taromenane. “En el interior de las comunidades están en alerta roja”, señaló. Ellos temen nuevos enfrentamientos.
A esto se suma que el Estado estaría creando más presión sobre los pueblos no contactados, quienes se sienten atacados. “Ésta no debería ser la política del Estado, sino que debería existir un convenio de cooperación con la NAWE”.
“Las tensiones son fuertes”, aseguró el vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), José Acacho, por lo que están manteniendo diálogos entre organizaciones “con mucha cautela y de manera confidencial porque no se puede arriesgar más vidas”.
“Son nuestras bases, debemos poder abogar por ellos y que las cosas vuelvan a la normalidad”, indicó.
En un comunicado, la Conaie señala que los ataques ocurridos son una “consecuencia del modelo de desarrollo del Estado”, por lo que su solución “no podrá reducirse solo a medidas administrativas circunstanciales, mucho menos con acciones punitivas, esto sólo aplazaría otro estallido del conflicto en el futuro”.
Peticiones
Frente a que “las autoridades no han hecho nada”, según Yeti, los dirigentes ‘waos’ piden al Estado, además de las acciones conjuntas para el tratamiento del caso, que se delimite el territorio waorani en Pastaza, Napo y Orellana. Además, que se dé apoyo a los familiares de Ompore, indígena muerto en el primer enfrentamiento.
Por su parte, el Observatorio de Derechos Colectivos del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), en un comunicado, indicó que “es el Gobierno a quien le corresponde disminuir las presiones y evitar que el conflicto interno estalle, como ha sucedido, de manera violenta”.
Pero cuestiona cómo se va a actuar cuando el “Estado no ha sido capaz de operativizar la prevención del conflicto ni la protección ni garantía de los derechos de estos pueblos (huaoranis, tagaeris y taromenanes)”.
Por esto, plantean que entre las medidas que podría emprender el Estado, están “la inmediata desaparición de los generadores de energía de las petroleras y la sustitución de éstos por cableado, ejecutar una moratoria de entrega de licencias para nuevas actividades petroleras y tala de bosques y detener la titulación de propiedades de tierras en zonas de influencia de indígenas aislados”.
Fuente : Diario la Hora