Jubilados llegan hoy para el debate en la Asamblea Nacional

Los jubilados no están de acuerdo con la decisión de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea de eliminar el 40% del aporte estatal para el Fondo de Pensiones del IESS.
Hoy el Pleno de la Asamblea Nacional debatirá en segunda instancia las reformas laborales, que incluyen el artículo que ha provocado la preocupación de varios sectores.
A pesar de que existen al menos dos posiciones de los pensionistas sobre cuál debe ser el aporte del Estado, las dos coinciden en que la seleccionada por los legisladores no es la adecuada para sostener las pensiones a largo plazo, sin que exista déficit en la institución.
Por esto, dos asociaciones de jubilados tienen preparadas acciones para dar a conocer sus puntos de vista sobre las reformas que plantean los asambleístas y que podrían aprobarse hoy.

Mantener el porcentaje
Desde que comenzó el debate, la Asamblea Extraordinaria de las Asociaciones de Jubilados Pensionistas y Adultos Mayores ha insistido en que el 40% se debe mantener para no generar un déficit en el IESS.
Según Alfonso Yánez, director de la convención nacional, si bien “la falta de liquidez se irá sintiendo progresivamente” ya existen consecuencias. “A los que se están jubilando se está demorando la entrega de la cesantía al menos dos meses”, señaló.
Además, Édison Lima, presidente nacional, cree que la propuesta que tramita el Legislativo “es ilegal e inconstitucional”. De acuerdo con el análisis que él ha realizado, gobiernos de otros países han resuelto que lo más adecuado es el aporte estatal.
Por esta razón, hoy a las 09:00 estarán en la Asamblea Nacional “para entregar la documentación técnica, legal y constitucional que garantiza la permanencia del 40% para las pensiones jubilares”, indicó Lima. Ellos esperan ser recibidos en comisión general.
Paralelamente, como parte de su “resistencia permanente”, están revisando qué acciones civiles y penales aplicarían para quienes contravienen la Constitución, que en el artículo 371 establece cómo se financian las prestaciones de la seguridad social.

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