Comisión de derechos humanos alerta sobre la situación en Íntag

En Íntag hay un estado de “intimidación y miedo”, indicó Gloria Chicaiza, de Acción Ecológica. Ella formó parte del equipo de observadores de Derechos Humanos que viajó la anterior semana para realizar el monitoreo y verificación de lo que ocurre en el valle en Imbabura.
El 8 de mayo, 214 efectivos de la Policía Nacional ingresaron en el territorio para dar seguridad al equipo de la Empresa Nacional de Minería (Enami) que debía extraer muestras de minerales, como parte del proyecto Llurimagua. Según un boletín del Ministerio del Interior, el objetivo era mantener el orden público, debido a incidentes provocados por gente del lugar.
Sin embargo, la conclusión a la que llegó el grupo de observadores, que contó con miembros de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), es que existe un “estado de excepción de facto”, señaló Gabriela León, abogada de la Cedhu.
“Se cumplen todos los elementos, menos su legitimidad”, indicó. Esto en base a que no existiría libre circulación de los moradores y turistas, por el miedo que tienen los habitantes y la desproporción de la fuerza pública policial, aunque “todavía no hay militares”.
León agregó que la gente tiene temor de ser detenida porque la policía está ocupando la comunidad. “Se restringen los derechos de las personas”

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