Solo para fortalecer presupuesto de CIDH hay consenso regional
marzo 17, 2013
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Solo para fortalecer presupuesto de CIDH hay consenso regional

Ecuador logró consenso entre los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) que invitó a una cita en Guayaquil para una de sus propuestas: el fortalecimiento financiero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no tuvo eco en aspectos medulares expuestos por este Gobierno. En eso coinciden analistas en materia de protección de derechos, que ven poco probable que la Asamblea Extraordinaria de la OEA apruebe este 22 de marzo reformas polémicas, como restringir las medidas cautelares.

Farith Simon, catedrático y defensor de derechos humanos, destaca que aunque el Gobierno no logró consensuar todo lo que esperaba en la cita de los estados parte del Pacto de San José, el pasado lunes, dejó claro que la CIDH y sus relatorías requieren de más recursos para su operatividad, aunque esa necesidad, dice el experto, no es una percepción nueva, pues ya se había analizado.

“Asignar recursos adecuados, suficientes y balanceados a todas las relatorías, grupos de trabajo y unidades (de la CIDH)” es una de las recomendaciones que planteó en el 2011 el grupo de trabajo creado por el Consejo Permanente de la OEA para fortalecer al sistema.

En ese grupo la delegación de Ecuador tuvo una participación activa al introducir sugerencias que han sido consideradas polémicas por organismos de la sociedad civil, que temen el debilitamiento de la CIDH.

La Comisión presentó el 8 de marzo su propia propuesta y respecto al fortalecimiento económico señaló: “La única forma de atender la recomendación formulada por el grupo de trabajo y, al mismo tiempo, cumplir la exigencia de varios estados y de la sociedad civil de no debilitar oficina alguna, sería buscar nuevos fondos que permitan equiparar ‘para arriba’, atendiendo a las necesidades reales de cada unidad”.

Y agregó que “prohibir o impedir, de cualquier manera, que en la práctica pueda operar cualquiera de las fuentes de financiación, conduciría de inmediato al debilitamiento estructural de las relatorías y las unidades temáticas”.

Las respuestas que la CIDH dio sobre este y otros temas, como el de las medidas cautelares, dejó satisfechos a países como México, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, entre otros, cuyos funcionarios avizoraron que lo acogerían en la resolución que deben adoptar el próximo viernes en la OEA.

No obstante, en una reunión previa, el miércoles pasado, la presidencia del Consejo Permanente, a cargo de Nicaragua, propuso un borrador de resolución que pedía acoger las sugerencias del grupo de trabajo, así como las respuestas que dio la CIDH, pero incluyó cuatro de los ocho puntos de la Declaración de Guayaquil:

Encomendar a la Comisión fortalecer la promoción de derechos mediante el apoyo a sistemas nacionales; proponer que todas las relatorías sean consideradas especiales; solicitar al secretario general que presente un análisis de los costos de los órganos del sistema y pedir a los estados asumir plenamente su financiamiento.

Esto causó malestar entre los que estaban conformes con el proyecto que la CIDH preparó desde octubre pasado y que fue consultado con varios estados y organizaciones civiles, pues reclamaron la introducción de temas que no fueron mandato de la asamblea anterior y que se trataron en una cita que no tuvo participación de todos.

Carlos Estarellas Velásquez, exsubsecretario de Relaciones Exteriores, dice que eso evidencia el “cabildeo diplomático” de Ecuador, que busca por todos los medios que sus sugerencias sean aprobadas, aunque destaca que la labor de la Cancillería “no ha tenido éxito”.

Ve positivo que se aumenten los recursos de la CIDH, pero asegura que puntos polémicos como restringirle la capacidad de dictar medidas cautelares o el cambio de su sede “no está en discusión para la mayoría de los 35 países de la OEA”.

Una de las reformas sobre medidas cautelares sugeridas por el grupo de trabajo fue: “Aplicar rigurosamente los criterios de admisibilidad de peticiones, incluida la verificación exhaustiva del agotamiento de recursos internos para evitar procesos paralelos”.

La Comisión, en la respuesta que satisfizo a la mayoría en la OEA, señaló que en sus informes de admisibilidad analiza todos los requisitos previstos en su reglamento y en los de la Convención Americana. Y está dispuesta a atender la recomendación de dar un tiempo razonable a los estados para implementar medidas cautelares, pero advirtió que ningún plazo debe tener “el efecto de frustrar su objeto útil”.

A la CIDH también se le planteó examinar las reglas de toma de decisiones para casos de medidas cautelares en los cuales no haya sido posible requerir información al Estado, a fin de que estas sean adoptadas por una mayoría especial. Sobre esto contestó que todos sus miembros son consultados y que las decisiones “se adoptan por mayoría absoluta”.

Respecto al pedido de que se incluyan los informes de todas las relatorías en uno solo, expresó que enviará a la Asamblea General “la totalidad de los informes temáticos”.

Para Jorge Sosa, experto en materia de protección de derechos de la Universidad Católica de Guayaquil, los desacuerdos se generaron porque la propuesta ecuatoriana “fue poco técnica, basada en una posición personal del presidente de la República a raíz de las medidas cautelares en el caso EL UNIVERSO y con aspiraciones poco razonables”, respecto al papel histórico que la CIDH ha tenido en dictaduras del continente y que fue el argumento de varios países para no incluir este punto en la Declaración de Guayaquil.

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