septiembre 18, 2014
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La CC rechaza demandas a Ley de Comunicación

Las organizaciones y sectores sociales que interpusieron demandas de inconstitucionalidad a la Ley de Comunicación no se sorprendieron con la resolución que emitió la Corte Constitucional (CC) y que fue dada a conocer por el presidente, Patricio Pazmiño, durante una videoconferencia ayer, sin acceso a preguntas.
El organismo decidió negar las demandas de inconstitucionalidad por razones de forma, además de razones de fondo en 25 artículos. Únicamente declaró la inconstitucionalidad de una frase en el artículo 2, sobre la titularidad y exigibilidad de los derechos, y la inconstitucionalidad aditiva en el numeral 3 del artículo 56, sobre las atribuciones de la Superintendencia de la Información. También declaró la constitucionalidad condicionada de un artículo. (Ver recuadro)
Estos cambios fueron solicitados por la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito. Farith Simon, uno de sus representantes, indicó que lo que estaba vigente, en esos artículos, era “grosero”, por lo que su modificación era necesaria. Pero, más allá, señaló que la sentencia de la Corte no fue una sorpresa.
Durante más de un año, el organismo trató tres demandas de inconstitucionalidad, puestas por el asambleísta Luis Fernando Torres, la Clínica Jurídica y organizaciones sociales y periodistas.
Más de 30 artículos fueron demandados, pero, de acuerdo con Diego Cornejo, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), “el cuerpo legal en su conjunto es inconstitucional”.
Por lo que la decisión de la CC de reconocer la Ley “reforma la Constitución” al establecer principios diferentes a los de la Carta Magna, como el de considerar a la comunicación como un servicio público. “Se ha dado paso a una ley que ha creado instituciones disciplinarias inconstitucionales”, añadió.
Torres señaló que “es una vergüenza”, la sentencia de la Corte porque constituye “una reverencia al poder Ejecutivo”. En su criterio, que el organismo haya resuelto sobre tres artículos “no significa nada” porque el problema estructural de la Ley se mantiene y fue legitimado.
Con la decisión de los jueces, se “facilita la aplicación de una ley estatista e interventora” en temas de comunicación, en la que “el derecho a la comunicación ha quedado por el piso”.

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