La situación jurídica de los 12 estudiantes del Colegio Central Técnico de Quito se decidirá el próximo 20 de mayo, cuando el nuevo fiscal, José Luis Jaramillo, emita su dictamen acusatorio y deje en manos del juez de la causa la decisión de llamarles o no a juicio por el delito de rebelión.
El pasado 28 de marzo, el fiscal de ese entonces, Bormman Peñaherrera, se abstuvo de acusar a los estudiantes y dictó el sobreseimiento definitivo de los procesados, pero, por mandato de la ley, el pronunciamiento subió en consulta del superior, en este caso del fiscal de Pichincha, Miguel Jurado, quien revocó ese dictamen y ordenó que el proceso investigativo continúe.
Uno de los abogados de la defensa de los procesados, Patricio Armijos, recibió con indignación la decisión fiscal de continuar con el juicio y dijo que es “evidente el atropello de los derechos de estos humildes estudiantes que no han cometido ningún delito, pero están siendo tratados como delincuentes”.
Este proceso penal tiene su origen en la manifestación estudiantil de protesta del 22 de febrero último, que se produjo en las inmediación es del Colegio Central Técnico (avenida Gaspar de Villarroel y Japón) y en la que se generaron hechos violentos contra la fuerza pública y la propiedad privada.
EL DATO
21 días faltan para la audiencia.
Prisión de uno a tres años
° Según el artículo 221 del Código Penal, si la rebelión ha sido cometida por muchas personas y a consecuencia de un concierto previo, los rebeldes que lleven armas serán reprimidos con reclusión menor de tres a seis años; y los otros, con prisión de uno a tres años.
Pero, si la rebelión no ha sido el resultado de un concierto previo, los culpados que llevaren armas serán reprimidos con prisión de tres meses a un año; y los otros, con prisión de quince días a tres meses.
Fuente : Diario la Hora