abril 1, 2014
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Caso Jiménez: comunidades quieren una salida en paz

 

 

Tras haber reiterado su apoyo y su protección alasambleísta Cléver Jiménez, quien está con orden de captura por el delito de injurias al presidente, Rafael Correa, las comunidades indígenas de Zamora confían en “la sensatez” de la fuerza pública para que eviten ingresar en sus territorios en búsqueda del legislador y apelan a una salida pacífica de este tema.
“Yo creo que al Estado y a la Fuerza Pública les interesa que prevalezca la paz en el país. No creo que vayan a provocar algún enfrentamiento”, manifestó Mariana Fajardo, coordinadora de Pachakutik en Zamora, ciudad donde se encuentran las comunidades donde presuntamente está refugiado Jiménez. Para la dirigente, la solución está en manos de Correa, a través del acatamiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según la dirigente, el respaldo se mantiene, ya que consideran que aún no se ha investigado lo suficiente los hechos del 30 de septiembre. “Yo creo que es deber del Gobierno investigar, por el bien del país, y no tomar represalias, porque no creemos que la solución sea callarle a Jiménez”, manifestó Fajardo.
Mientras, para el asambleísta por Pachakutik César Umaginga, la actitud de los pueblos de Zamora responde al derecho que tienen a la resistencia, sobre todo cuando no se ha acatado la resolución de la CIDH. A su criterio, sería ilegal que la fuerza pública ingrese a un territorio indígena.
En su sabatina, el presidente Correa ratificó su rechazo a las medidas y dijo que ese organismo no tiene competencia para tomarlas. Además, insistió en que si “hipotéticamente” la tuviera, debería criticar cualquier falla en el debido proceso y no a la ley ecuatoriana como tal.
Se recolectó poca plata
Uno de los propósitos de la asamblea que mantuvieron las comunidades indígenas el domingo en Tundaime, cantón El Pangui, fue el de recolectar fondos para pagar los 140.000 dólares al Presidente, como establece la sentencia. Tras la reunión, se recogieron 571,87 dólares, por lo que la colecta se ampliará a escala nacional, a través de asambleas provinciales de ese movimiento político.
Fajardo explicó que el monto no pudo ser mayor ya que muchos de los comuneros son personas de escasos recursos económicos, por lo que no se pudo reunir un dólar por persona sino que cada uno dio lo que tenía. Otra estrategia para presionar para que no se ejecute la orden de prisión, será la de organizar una marcha de los pueblos indígenas, en una fecha y cronograma aún por determinar.
Raúl Abad, asambleísta de PAIS, dijo que es un caso de delito común y que tiene que responder ante la justicia y que será la Policía la que analice, dentro de su competencia, la forma de detener al legislador. “Él tiene que entregarse y, si no, tendrán que buscarle y ponerle donde debe estar”, dijo Abad.

Fuente: La Hora

 

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